Raúl Fuentes.
Al igual que en el resto del mundo, el estudio académico de la comunicación enfrenta en México una tensión creciente en diversas dimensiones de su práctica: entre las condiciones de su institucionalización universitaria y su articulación social; entre los avances acumulados a lo largo de varias décadas y las rupturas emergentes teóricas y epistemológicas; entre su consolidación como especialidades profesionales y docentes y su creciente transdisciplinarización como campo de investigación; entre su legitimación académica y su contradictoria inserción en los procesos de cambio sociocultural.
Abundan en los últimos años, aunque es cierto que nunca se ha carecido de ellos, los esfuerzos revisionistas, los aportes desde perspectivas diversas al ejercicio crítico de una meta-investigación de la comunicación que al mismo tiempo que evalúa las tendencias y las correlaciones de fuerza entre los vectores en tensión, también modifica los términos del debate al reinterpretar la historia y proponer reorientaciones y ejes prioritarios de análisis y de intervención. La fórmula anglosajona que en la década de los ochenta caracterizaba a este campo académico como uno en "fermentación" o efervescencia, puede seguir dando cuenta de una inestabilidad que parece ser constitutiva.
Tanto en Estados Unidos como en Europa y en América Latina, se atestiguan y documentan, si bien desde perspectivas bastante divergentes, los cuestionamientos que refieren a la aparente paradoja de un crecimiento y consolidación académicos indudables en los estudios de comunicación, y un simultáneo incremento de las incapacidades de estos estudios para dar cuenta sistemática y coherente de los cambios en los entornos y sistemas comunicacionales de las sociedades contemporáneas y, sobre todo, de las implicaciones de estos cambios acelerados en sus múltiples articulaciones económicas, políticas y culturales. Una frase pronunciada por Manuel Martín Serrano hace más de dos décadas parece ser la sentencia sintética más pertinente ahora que entonces: "en Comunicación sabemos mucho, pero comprendemos poco". En este texto se intenta exponer sintéticamente una perspectiva actualizada sobre las tensiones que atraviesan el estudio de la comunicación en México, en busca del diálogo que propicie una mejor comprensión.
Rasgos estructurales de la oferta institucional
México es un país con más de cien millones de habitantes, de los cuales 2 millones y medio aproximadamente son estudiantes universitarios. De ellos, al menos 75 mil cursan la licenciatura en comunicación (en alguna de sus más de cincuenta denominaciones diferentes), distribuidos muy heterogéneamente en más de 350 instituciones de educación superior, la gran mayoría de ellas privadas. Más de la mitad de los programas de licenciatura tienen una antigüedad menor a diez años, y menos de 30 de ellos operaban ya a principios de la década de los ochenta, cuando se comenzó a generalizar la "preocupación" por el "exceso" de oferta de estos estudios. Pero desde entonces, esta preocupación por el crecimiento, asociada demasiado simplista y mecánicamente a una supuesta escasez de fuentes de empleo para los egresados, ha sido confrontada por una visión más crítica, centrada preferencialmente en la calidad educativa y en la pertinencia social de la mayor parte de los programas.
Una revisión de las fuentes oficiales, como las estadísticas de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), permite dimensionar mejor las cifras: la "gran" población de estudiantes de comunicación en México representa apenas el 7% de la matrícula en el área de Ciencias Sociales y Administrativas y el 3.5% del total de estudiantes de licenciatura en el país. El "preocupante crecimiento" de las carreras de comunicación es parte indisociable del crecimiento de la oferta total de los programas de licenciatura, y quizá la mayor parte de los factores que lo caracterizan sean atribuibles al sistema mayor en el que se inserta, escala en la que el crecimiento no suele calificarse como "preocupante", sino como un "avance" social del país.
Hasta hace dos décadas, como el conjunto de la población universitaria, los estudiantes de comunicación estuvieron concentrados casi totalmente en tres o cuatro de las grandes zonas urbanas de México, sin que la oferta de programas de comunicación estuviera presente en muchos de los estados. Ahora esta oferta abarca las 32 entidades federativas, aunque se mantienen patrones de gran desequilibrio: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (conurbada con el Estado de México) presenta todavía la mayor concentración de estudiantes del país, con aproximadamente el 40%. Los estados de Jalisco, Nuevo León y Puebla, cada uno con más del 6%, dan cuenta en conjunto de otro 20%. Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas presentan también proporciones considerables, con más del 10% del total en conjunto. Y en diez estados, la presencia de estudiantes de comunicación no alcanza el 1% del total nacional. Siendo México un país con grandes desequilibrios sociales y demográficos, el desbalance en la distribución nacional de estudiantes de comunicación, y los correspondientes en cuanto a programas, recursos, opciones, etcétera, implica una consideración muy diferente, según la ubicación geográfica. Lo que más llama la atención, sin embargo, es que no haya evidencia de una diferenciación regional clara en la oferta de programas, que parecen compartir orientaciones independientemente de donde se ubiquen.
Un análisis reciente de la oferta de programas (Fuentes, 2005) permite sostener que, a pesar de la existencia de 56 denominaciones diferentes para la licenciatura en "Ciencias de la Comunicación" en México, hay una tendencia fuerte hacia la homogeneidad, pues el 68% de los programas, que atienden al 67% de los estudiantes (es decir, más de dos tercios del conjunto), queda claramente ubicado en un "núcleo central", orientado hacia una formación generalista, diversa y confusamente relacionado con cinco "núcleos periféricos" de especialización profesional, articulados alrededor del periodismo, el diseño, la publicidad, las relaciones públicas o la educación, ninguno de los cuales abarca a más del 10% de los programas o de los estudiantes, si bien remiten a grupos bien diferenciados de figuras profesionales.
Análisis como estos refuerzan la hipótesis de que los programas de formación en comunicación responden a mezclas diversas, crecientemente indiferenciadas, de los ingredientes básicos contenidos en los tres "modelos fundacionales" (el "periodístico", el "humanista" y el "científico-social") establecidos como ejes de proyectos utópico-universitarios en el área en los años cincuenta, sesenta y setenta (Fuentes, 1999). Es decir, crece la convicción de que en los últimos treinta años no se han incorporado elementos de renovación de esos proyectos y la especificidad de la carrera se ha establecido más por el "peso" de los números que por la congruencia de sus postulados curriculares.
Al menos desde mediados de los años setenta, se ha mantenido vigente la doble tensión entre la "formación generalista" y las "especialidades" en la carrera de comunicación, y entre la "estructuración disciplinaria" y la multidisciplinariedad. Probablemente la diversidad de denominaciones y su creciente homogeneidad, puedan interpretarse como una manifestación de estas dos tensiones subyacentes, que en muchos casos generan perspectivas curriculares incongruentes. Un dato indispensable para analizar este patrón básico de institucionalización es el de la muy variable adscripción de los programas a unidades académicas (escuelas, departamentos, facultades) "propias" de comunicación, o de coberturas más amplias. Parece prevalecer la tendencia a establecer la carrera dentro de una unidad "propia" (lo cual se favorece por el número grande de estudiantes), aunque son múltiples los casos de adscripción en unidades de Ciencias Sociales, de Humanidades, de Administración, de Artes, y hasta de Derecho, donde los programas de comunicación coexisten (rara vez productivamente) con carreras muy diversas (lo cual depende sobre todo de las plantas de profesores de carrera, cuando las hay, y de las historias particulares de las instituciones).
En este panorama, otra de las tensiones centrales de las décadas pasadas parece estarse disolviendo: la que oponía irreconciliablemente a las universidades públicas y las privadas (Baldivia, 1981), para ser sustituida por las de carácter propiamente universitario vs. las instituciones "comerciales". Hoy, de las más de 300 instituciones involucradas, sólo 27 son públicas (aunque comprenden 49 dependencias o planteles diferentes), y en ellas está inscrito el 37% de los estudiantes, después de que llegaron a contener a cerca del 70%. Pero entre las instituciones privadas es cada vez más necesario establecer distinciones, pues la mayor parte de ellas son muy pequeñas, de muy reciente creación y con una estructura institucional escasamente reconocible como universitaria, especialmente en cuanto a la existencia de una planta académica estable, suficiente y calificada.
Esta polarización ha crecido enormemente, como en otros países, dado que una proporción considerable del crecimiento del sistema se ha basado en la proliferación de instituciones con fines predominantemente mercantiles, cuyas condiciones de operación académica no pueden compararse con las de las universidades públicas o las privadas más antiguas y mejor establecidas. Este fenómeno, generalizado en el sistema de educación superior, es crucial para analizar, cuantitativa y sobre todo cualitativamente, las consecuencias del crecimiento. Ante la saturación de las universidades públicas y sus restricciones presupuestales, y los altos costos de la matrícula en las privadas más prestigiadas, estas instituciones comerciales están captando un segmento cada vez mayor de la demanda social de educación superior, especialmente mediante ciertas carreras, entre las cuales sin duda está la de comunicación.
La justificación principal de un sistema "independiente" de acreditación de los programas de licenciatura puede situarse en el enfrentamiento de esta situación, pues la venta de servicios (de bajo costo e ínfima calidad) de "calificación profesional" se ha establecido como un mercado dotado de reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgado por diversas autoridades educativas, sean federales o sobre todo estatales. En los últimos años al menos dos asociaciones civiles, legalmente constituidas para ello, avanzan en la evaluación y acreditación de programas de licenciatura en comunicación.
Desde un punto de vista cuantitativo, entonces, la formación universitaria de comunicadores en México parece sufrir de hipertrofia en el nivel de licenciatura, aunque desde hace décadas la disyuntiva relevante en términos educativos está en la calidad. Es difícil sintetizar esta situación de una mejor manera que como lo hizo hace más de diez años Carlos Luna:
El crecimiento de la oferta educativa de estudios de comunicación, el carácter masivo que ha adquirido la inscripción estudiantil en esta especialidad profesional, los desequilibrios en la distribución geográfica de esta oferta, la falta de recursos económicos, humanos y materiales para hacer frente a las tareas de la enseñanza y las deficiencias en la planificación educativa y la conducción metodológica de la formación, han venido configurando un panorama en el que no escasean las posiciones apocalípticas sobre la viabilidad social y laboral de este campo de la enseñanza.
Pese a las advertencias sobre la saturación de los espacios de trabajo, la falta de profesores e investigadores calificados y la debilidad en la concepción de los objetos académicos y su mediación curricular, la nómina de carreras de comunicación sigue incrementándose y con ello el volumen de profesionales que presionan, año con año, por una fuente de empleo digna y remunerada. El hecho de que en los próximos cinco años egresarán tantos comunicadores como en los últimos treinta no deja de ser motivo de preocupación entre alumnos, profesores y funcionarios académicos.
Sin dejar de reconocer el problema, no parecen del todo justificadas las actitudes catastrofistas (...) La presunción de sobreoferta de estudios y la consecuente saturación de los mercados, han sido el resultado del impacto que han causado las cifras agregadas, el patrón sostenido de crecimiento en la oferta educativa de estudios profesionales de comunicación y la poca elasticidad que se atribuye a ciertos campos de acción profesional prototípicos de la carrera, los medios electrónicos por ejemplo, pero no de evidencias que resulten de estudios sistemáticos al respecto (Luna, 1995: 133-134).
Una buena parte del problema está precisamente en esa carencia de estudios sistemáticos. No obstante la orientación profesionalizante de la carrera, los campos profesionales, sus estructuras y condiciones, son muy escasamente conocidos en las escuelas, de manera que son un referente curricular muy poco preciso en general. Los esfuerzos coordinados por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) para hacer seguimientos de egresados, realizados en todo el país y en algunos casos muy adecuadamente, no han sido ni con mucho suficientes. Las preguntas básicas para el conocimiento de las "profesiones del comunicador" en México siguen en buena medida sin ser siquiera formuladas.
De la hipertrofia en licenciatura al subdesarrollo del posgrado
Por su parte, el nivel del posgrado en comunicación está obviamente subdesarrollado en México. A pesar de que en la última década se han multiplicado también los programas de maestría en comunicación, no parece haberse consolidado claramente más de algún programa, después de tres décadas de existencia. Aunque hay registrados más de 40 programas de este nivel con 18 denominaciones diferentes en el área de "Ciencias de la Comunicación", el conjunto atiende escasamente a mil estudiantes en 14 entidades federativas, y diez de ellos no tienen estudiantes registrados, pues están en proceso de supresión. Al mismo tiempo, crece el número de programas de "especialidad" profesionalizante, con menor duración y exigencia académica que las maestrías, pero con una matrícula también aún muy baja.
Llama la atención que la gama de denominaciones, amplia como la de licenciaturas, en las maestrías parece responder a un mayor número de orientaciones o articulaciones, pero también puede reconocerse en ella el predominio del "núcleo central" generalista de las licenciaturas. Y, por supuesto, se trabajan líneas de profesionalización avanzada y de formación para la investigación en comunicación en algunas otras maestrías con denominaciones clasificadas en otras áreas. Sin embargo, las cifras indican una proporción de 1:75 entre los estudiantes de maestría y los de licenciatura en comunicación, lo que es un indicio sumamente desfavorable de desarrollo académico del área. No se puede sustentar así el cumplimiento de las funciones esenciales de este nivel: profesionalización avanzada y especializada o preparación para una carrera académica. Esta situación se agrava al considerar la inexistencia de programas de doctorado, pues dos iniciativas surgidas en la última década (en los estados de Sinaloa y Veracruz) no tuvieron las condiciones para prosperar, a pesar de contar con algún grado de demanda.
Para los programas de posgrado opera desde principios de los años noventa un sistema de acreditación nacional, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que ha contribuido a establecer una diferencia significativa entre los programas acreditados y los no acreditados: además del reconocimiento que supone de la "calidad" y de otros apoyos, se otorgan becas federales para los estudiantes de estos programas. Actualmente hay cinco programas de maestría en comunicación incorporados al Padrón Nacional de Posgrados (PNP): los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana (UIA), la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM o "Tec"). Los restantes programas de maestría, con excepción del de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Xochimilco), no tienen las condiciones básicas para aspirar a esta acreditación, o no la pretenden obtener.
Además, los cinco programas de maestría acreditados no tienen en conjunto más de trescientos alumnos, cantidad que comparada con los más de setenta y cinco mil que hay en licenciatura, es irrisoria. Y por la propia definición de los criterios de acreditación, difícilmente pueden aumentar su matrícula. Simplemente en términos de formación avanzada de profesores para las licenciaturas, que no es su función principal, las maestrías parecen estar muy lejos de estar alimentando suficientemente el campo.
Los parámetros para la evaluación de los programas de posgrado en el Padrón Nacional de CONACyT son ciertamente exigentes y rigurosos. Aunque pueden acreditarse tanto maestrías profesionalizantes como orientadas a la investigación, los criterios de calidad académica y los indicadores de evaluación son prácticamente imposibles de alcanzar por la mayoría de los programas existentes. De ahí se deriva también que la formación de investigadores de la comunicación en el nivel de doctorado se realice en programas con una orientación y sustento académico más amplio, como parte constitutiva de programas "multidisciplinarios", o bien en el extranjero. Hay áreas de concentración o líneas de especialización en comunicación en los programas de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; en Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco y de la UdeG; en Estudios Científico-sociales del ITESO; en Educación de la UdeG; y en Estudios Humanísticos del ITESM, entre los acreditados por CONACyT.
Los programas de doctorado, y los procesos de formación de investigadores que se desarrollan en ellos, son sin duda un factor clave para el desarrollo académico de cualquier campo de estudios. En México no parece haber suficiente articulación, todavía, entre las maestrías y los doctorados, y mucho menos entre el nivel de posgrado y el de la licenciatura en comunicación. Puede notarse, además, que los programas de posgrado inscritos en los padrones de CONACyT están adscritos a sólo seis universidades, y que éstas están ubicadas en la zonas metropolitanas de la ciudad de México (UNAM, UAM-X, UIA), Guadalajara (UdeG, ITESO) y Monterrey (ITESM).
El sistema de educación superior exige y fomenta la obtención de grados académicos y la producción de conocimiento por parte de todo su personal docente, pero al mismo tiempo las supone como condición para la acreditación de los programas de licenciatura y posgrado. A lo largo de dos décadas, esta tensión generada por las políticas de desarrollo del sector ha incrementado, por una parte, la formación "endogámica" de académicos que cursan los programas de posgrado de su propia institución, y por otra, la "migración" de muchos candidatos al posgrado hacia universidades de otros países, ya no solamente Estados Unidos, Inglaterra o Francia como en décadas anteriores, sino sobre todo España y Cuba, donde los requisitos de dominio de otro idioma son prácticamente nulos, y donde se han diseñado y operan programas de posgrado específicamente orientados a satisfacer la demanda latinoamericana. En general, a pesar de las virtudes y ventajas de ambas tendencias, el fortalecimiento de los posgrados nacionales se ha visto mermado en alguna medida por ellas.
Y sin embargo, la investigación se mueve
Después de haberle dedicado algunos años al análisis de las condiciones y a la producción de investigación de la comunicación en México, Enrique Sánchez Ruiz y Raúl Fuentes Navarro elaboramos un modelo y una fórmula que muchos han empleado desde que los publicamos, en 1989, en un cuaderno titulado precisamente Algunas condiciones para la investigación científica de la comunicación en México (Fuentes y Sánchez, 1989). Se trata de la caracterización de esta actividad como sujeta a una "triple marginalidad". Decíamos entonces, y hay que sostener todavía hoy, que:
La investigación de la comunicación es marginal dentro de las ciencias sociales, éstas dentro de la investigación científica en general, y ésta última a su vez entre las prioridades del desarrollo nacional (Fuentes y Sánchez, 1989: 12).
De que la actividad científica es crecientemente marginal entre las prioridades del desarrollo nacional en México da cuenta el indicador más extensamente empleado internacionalmente: el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en ciencia y tecnología, o en "investigación y desarrollo". En 1992, ese porcentaje era del 0.32; subió hasta el 0.46 en 1998 y volvió a bajar para mantenerse entre el 0.42 del año 2000 y el 0.37 del actual. Nunca, al menos en los últimos treinta años, ha llegado al 0.5%, cuando la recomendación es que alcance al menos el 1% en un país como México, propósito que incluso quedó plasmado hace no mucho en la ley del sector. Sobra decir, comparativamente, que países como Suecia, Japón, Estados Unidos, Corea, Alemania y Francia invierten entre el 2 y el 5% de sus respectivos PIB en este rubro (CONACyT, 2007).
Pero el tamaño de la planta científica es quizá un indicador todavía más elocuente de esta marginalidad de la ciencia. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), establecido por el gobierno federal en 1984 para "frenar la fuga de cerebros", incluye poco más de trece mil miembros, el doble que hace diez años y cuatro veces más que hace veinte, pero ese número equivale a un científico por cada 8 mil trescientos habitantes. Si bien puede calcularse que por cada investigador reconocido por el Sistema hay otros tres activos en el sector, el personal dedicado a la investigación sigue siendo muy escaso. El crecimiento del número de graduados de los programas nacionales de doctorado es más alto aún, pero apenas rebasa los dos mil por año, en todas las áreas. Además, está el problema de crear plazas laborales de investigador a ese mismo ritmo, lo cual ni remotamente ocurre. En síntesis, por más que crezca el sector científico, su posición relativa es cada vez más precaria. Con frecuencia se citan los casos de Corea, España o Brasil, que hace veinte años tenían un nivel de desarrollo parecido al mexicano, pero que gracias a inversiones y políticas científicas exitosas y sostenidas, ahora tienen una posición incomparablemente mejor.
Dentro del Sistema Nacional de Investigadores se consideran siete áreas, una de las cuales, la V, agrupa a los practicantes de las Ciencias Sociales. Según datos oficiales del propio SNI [http://www.siicyt.gob.mx], en los últimos diez años esta área pasó de tener el 11% al 13% de los miembros del Sistema. Fue, junto con las áreas de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias (VI), y de Ingenierías (VII), las que más crecieron en esta década, en menoscabo de las de Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra (I) y Biología y Química (II), que sin embargo, junto a la de Humanidades y Ciencias de la Conducta (IV), son todavía las que cuentan con el mayor número de miembros. El área restante, de Medicina y Ciencias de la Salud (III), sigue siendo la menor y la de crecimiento más estable de las siete áreas.
En términos de las categorías otorgadas por la evaluación periódica, el 70% de los investigadores del área de ciencias sociales tiene las categorías de candidato o Nivel I, y 493, el 30% restante, Niveles II y III, que indican trayectorias consolidadas y alta productividad, según los criterios de evaluación. Las áreas de Físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, Biología y Química, y Humanidades y Ciencias de la Conducta tienen un porcentaje mayor de niveles II y III que la de ciencias sociales, pero el promedio del Sistema en su conjunto es de 28%.
Ya hay, desde 1998, más miembros del SNI trabajando fuera de la ciudad de México que en ella, el 56%, aunque sólo el 41% de los Niveles II y III. Y un dato adicional: el 40% del total de los investigadores tiene 50 años o más de edad, mientras que en el área de ciencias sociales este porcentaje es de 50.4%, el segundo más alto después del de Humanidades y ciencias de la conducta, que es de 59.6%. Está claro que en estas dos áreas, donde se ubican los investigadores de la comunicación, es en las que se avanza hacia la "madurez" científica con mayor lentitud. O quizá, simplemente, que se obtiene a una edad más avanzada el doctorado, uno de los requisitos básicos de ingreso. Aunque en todo el Sistema solamente el 23% de los investigadores son menores de 40 años, en el área de ciencias sociales el porcentaje es de 12.6%.
En cuanto a las "disciplinas" representadas en el área de Ciencias Sociales, la sociología (445), las ciencias económicas (425) y las ciencias políticas (423) tienen cada una poco más del 25% de los 1609 investigadores con nombramiento vigente en 2006. Ciencias jurídicas y derecho (182), demografía (77) y geografía (65), en conjunto, aportan el 20% restante. Aunque en las categorías de clasificación del Sistema, "comunicación social" sigue siendo una subdisciplina de la sociología, hay ya 87 investigadores clasificados ahí, o en la subdisciplina "opinión pública", correspondiente a ciencias políticas, además de otros cuatro en ciencias jurídicas, para un total de 91, es decir, el 5.6% del área.
Este número de investigadores de la comunicación provocó que, en 2006, se reservara por primera vez una plaza para el campo en la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales, que tiene 14 miembros, elegidos entre los investigadores de Nivel III, lo cual no deja de ser un reconocimiento. Pero en el área "vecina", la de Humanidades y Ciencias de la Conducta, hay otros 22 investigadores que serían reconocibles como "de la comunicación", aunque estén registrados como antropólogos, historiadores, lingüistas o pedagogos. Si los sumáramos, quizá contra la voluntad de varios de ellos (porque cada quien elige cómo clasificarse, es decir, por quiénes ser evaluado), el campo académico de la comunicación contaría ya con 113 investigadores nacionales. Ese número no es irrelevante, pues se acerca al 1% de los miembros actuales de todo el Sistema, además de que comparado con los 42 que había en el año 2000, o con los siete de 1990, indica un crecimiento muy notable.
Pero quizá lo más notable sea la distribución por niveles de los 113 investigadores de la comunicación: hay once candidatos, 71 en el Nivel I, 25 en el Nivel II y seis en el Nivel III, es decir, un 72.5% de investigadores en etapas tempranas de su carrera académica casi todos, por un 27.5% de investigadores consolidados. Por fin, hay evidencias de una sana e indispensable renovación generacional en el campo de la investigación académica de la comunicación. Y lo que es todavía mejor es que una proporción creciente, aunque todavía no mayoritaria, de los investigadores candidatos o de Nivel I, han cursado su doctorado en el país. También, que casi la mitad del total, 52 investigadores, están adscritos a instituciones ubicadas fuera de la ciudad de México. Por género, hay 59 mujeres y 54 hombres, proporción casi perfecta, considerando que en el Sistema en su conjunto, todavía hay un 69% de varones.
En suma, usando estos datos del Sistema Nacional de Investigadores como indicadores representativos, puede decirse que la "marginalidad" más inmediata de la investigación de la comunicación, la referida al campo de las ciencias sociales, se reduce paulatinamente. Incluso cualitativa y metodológicamente, hay muchísimas más ocasiones y posibilidades de diálogo, intercambio y colaboración entre practicantes de las disciplinas sociales más establecidas e investigadores de la comunicación, en términos más respetuosos y paritarios que hace una década o dos. Lo mismo puede decirse con respecto a la marginalidad de las ciencias sociales con respecto a las ciencias naturales, exactas o aplicadas, aunque quizá en esta escala esta marginalidad se haya reducido sobre todo cuantitativa y no tanto cualitativamente: sigue dudándose en la práctica del carácter "científico" de las ciencias sociales.
La producción académica, apreciada sobre todo mediante las publicaciones, muestra para los estudios de la comunicación un patrón de crecimiento constante y una clara tendencia hacia la desconcentración geográfica e institucional, pues hasta mediados de los años noventa los libros, capítulos y artículos publicados provenían en un 70% del trabajo realizado en sólo seis instituciones. No obstante este crecimiento y diversificación, prácticamente no se han creado en la última década colecciones de libros o revistas académicas especializadas en comunicación en el país. Las revistas Estudios sobre las Culturas Contemporáneas de la Universidad de Colima y Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, ambas incluidas en el Índice de Revistas Científicas de CONACyT, después de dos décadas de publicación ininterrumpida, siguen siendo los principales y más prestigiados medios de difusión de la investigación mexicana de la comunicación y la cultura, junto a otras revistas que también han logrado consolidarse después de más de una década de existencia, como Versión, estudios de comunicación y política de la UAM-Xochimilco, el Anuario de Investigación de la Comunicación del CONEICC, o las revistas electrónicas Global Media Journal en español (antes Hypertextos) y Razón y Palabra, del Tecnológico de Monterrey.
Entre las innovaciones recientes en cuanto a la difusión de la producción académica, hay que contar la biblioteca virtual cc-doc (Documentación en Ciencias de la Comunicación), disponible en internet desde octubre de 2003, resultado de un proyecto de sistematización documental sobre productos de la investigación mexicana en comunicación, realizado en el ITESO con apoyo del CONACyT. Además de las referencias de casi cinco mil documentos (libros, capítulos, artículos, tesis de posgrado) de los últimos cincuenta años, organizadas en una base de datos, se incluyen en el sitio cerca de dos mil de esos documentos en texto completo, digitalizados, según los principios de la "Iniciativa de Archivos Abiertos" (OAI, por sus siglas en inglés), aquellos cuya difusión abierta haya sido autorizada por sus editores. También cabe destacar el sitio redalyc (Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sobre la misma lógica de la OAI, incluye los artículos publicados en los números más recientes de casi quinientas revistas, entre ellas varias especializadas en comunicación.
Pero quizá el factor de mayor importancia para el desarrollo de la investigación de la comunicación en México ha sido la actividad de las asociaciones académicas nacionales, especialmente las dos de ellas fundadas en la década de los años setenta: el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), que congrega a las instituciones, y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), formada por socios individuales. A través de ellas, complementaria y no exclusivamente, muchos académicos mexicanos han participado también, por décadas, en las correspondientes organizaciones latinoamericanas, como la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), más que en otras, de carácter "internacional".
Mediante las actividades organizadas por estas asociaciones, especialmente los encuentros nacionales y las publicaciones anuales, se han logrado consolidar algunos espacios de intercambio y colaboración interinstitucionales, interregionales y, principalmente, intergeneracionales, que han sido clave para el desarrollo de la investigación de la comunicación en México, que no obstante presenta algunos rasgos preocupantes de fragmentación, semejantes a los que se observan en otras partes del mundo.
Una producción divergente, insuficientemente articulada
Múltiples evidencias generadas por la meta-investigación crítica de la comunicación en diversos países, señalan que en las tres, cinco o diez décadas (la antigüedad del campo depende de cómo se construya su historia) en que se han acumulado conocimientos sistemáticos sobre la comunicación, no se han alcanzado a edificar síntesis suficientemente sólidas para comprenderla. Y es que, en ese mismo periodo, sus manifestaciones económicopolíticas y socioculturales se han expandido, ramificado, complejizado y enraizado exponencialmente. Sabemos mucho más que antes, no importan las fechas que se señalen para comparar el "antes" con el "ahora", pero eso explica cada vez menos. Hacemos mucho más que antes, y tenemos cada vez menor capacidad de saber qué estamos haciendo en comunicación. Cuando se habla de la emergencia de la "sociedad de la información" en una escala global, y de los problemas y desafíos que representa para los saberes y los poderes, se nos presenta un paradójico panorama en el que la comunicación es reconocida cada vez como más importante, y al mismo tiempo sabemos menos cómo aprovecharla en términos de un proyecto social global.
Pero esa desproporción entre lo que se hace y lo que se sabe en comunicación no es obstáculo, sino al contrario, para que se le instrumentalice en función de ciertos proyectos sociales. Así como el control de la información ha facilitado su mercantilización, las facilidades con que cuentan ciertos agentes institucionales de gran poder para instrumentalizar los recursos comunicacionales en línea con sus propios intereses particulares, con sus proyectos sociales, ayuda a explicar la creciente concentración de agentes y la consecuente reducción de la comunicación a sus mecanismos más elementales. Todo esto en la medida en que crecen y se expanden socialmente, globalmente, los sistemas de comunicación.
En México, como en todas partes, abundan los ejemplos de estas tendencias. La oferta de mensajes qué "consumir" crece aparentemente en relación directa con una disminución constante de sus costos y del esfuerzo que hay que hacer para adquirirlos. Pero no es tan aparente que, muchas veces, ese incremento exponencial de los productos culturales implica también una disminución drástica en el número de opciones, de propuestas alternativas, de diversidad de proyectos sociales a considerar. Al igual que en otros países modernos, la política mexicana se ha convertido, para todos los partidos, mucho más en una lucha de campañas mediáticas que de propuestas alternas de gobierno. Es decir, finalmente, en una lucha de presupuestos y "creatividad", para generar los impactos electorales y la "legitimidad" pública lo más alejada que sea posible de una racionalidad, no digamos de justicia social o de consolidación democrática, sino simplemente de eficacia administrativa, de rendición de cuentas, de verificación pública de la correspondencia entre las imágenes prometidas y los resultados alcanzados.
El proceso electoral de 2006 en México y sus secuelas, deberían de ser explicables de una manera amplia y desapasionada que, al menos hasta ahora, y a partir del análisis de los usos políticos de la comunicación, no aparece en el espacio público nacional. Quizá la dificultad tenga que ver con que los intereses de los medios de difusión son ya demasiado centrales en la disputa por el sentido; quizá también porque para dar a conocer una interpretación sistemática y crítica de la situación, alguien debe primero elaborarla, sólida y consistentemente.
Y la capacidad académica para hacer eso es notablemente insuficiente, crecientemente y lamentablemente insuficiente. Sabemos que las teorías y la investigación de la comunicación presentan todavía una separación muy clara entre la comunicación "interpersonal" y la "de masas", y que los modelos, tendencias y propuestas conceptuales y metodológicas manifiestan cada vez mayor fragmentación. Estudiar la comunicación, en ese sentido, es mucho más difícil ahora que en décadas anteriores. No sólo porque hay que dominar una gama de saberes más extensa y dispersa, sino también porque los fenómenos que hay que entender son mucho más variados y complejos. Un ejemplo crucial es lo que ha generado el desarrollo de la Internet, donde se han condensado en los últimos diez años más factores comunicacionales y culturales que en el resto de la historia de los estudios de comunicación, y además en una escala global sin precedentes.
Por otra parte, la creciente atención a los sistemas y procesos "de comunicación" en los debates públicos y de interés general, ha implicado un simultáneo desdibujamiento conceptual e ideológico en los marcos desde los cuales los agentes sociales especializados en la operación, y en la investigación científica, de la multidimensional operación social de los medios de difusión masiva intervienen en ella. La tensión constitutiva de los estudios sobre la comunicación, aquella que opone desde sus orígenes sus usos instrumentales y su comprensión crítica, sigue vigente en el fondo, y muchas veces también en la superficie, de las evaluaciones sobre la investigación académica. Generar conocimiento socialmente útil y pertinente es una tarea que acepta múltiples interpretaciones: algunas privilegian el conocimiento de aplicabilidad inmediata; otras la profundización del análisis en marcos socio-históricos de escala mayor. En el campo académico mexicano esta tensión, que no se puede resolver sólo discursiva o autoritariamente, puede ser una clave central de debate y de acuerdo colectivo, intra y extra-académicos, para evaluar y reorientar las acciones de un grupo profesional que, como la mayor parte de los científicos en México, no está satisfecho con la estructura institucional en la que trabaja ni con los resultados hasta ahora obtenidos. Pero los indicadores de la producción académica no parecen apuntar hacia una convergencia como esa.
Por una parte, aunque la mayoría de las investigaciones "de la comunicación" siguen abordando objetos de estudio referidos a la multidimensional operación social de los medios de difusión masiva, sus enfoques teórico-metodológicos se multiplican y diversifican, asociados a distintas perspectivas "interdisciplinarias", sin que pueda afirmarse que predominen las que pueden reconocerse como sociopolíticas, socioeconómicas o socioculturales. Lo mismo sucede con una creciente proporción de los proyectos, que aborda objetos de estudio no directa o centralmente relacionados con la comunicación mediática. Al igual que lo que se detecta en otros países, la proliferación de tendencias, más que hacia una pauta de especialización, tiende a una fragmentación en la que los fundamentos y los resultados de las investigaciones tienen cada vez menos articulaciones entre sí, salvo quizá en sus adscripciones institucionales.
En suma, puede decirse que las tareas y desafíos que la colectividad y las diversas comunidades dedicadas en México al estudio académico de la comunicación no difieren sustancialmente de las que enfrentan los colegas en otros países, pues a pesar de las particularidades y de las diferentes condiciones estructurales sobre las que se sostiene esta actividad, hay preocupaciones fundamentales muy similares, especialmente las que tienen que ver con el estatuto epistemológico de los estudios sobre la comunicación, y las que se refieren a su orientación axiológica. La investigación y la enseñanza de la comunicación, como prácticas sociales situadas históricamente, no podrían ser ajenas al cuestionamiento global, y multilocal, de su involcramiento en las transiciones que caracterizan al mundo actual.
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